“Porque cuando sube el agua, sube como se le da la gana”. (El agua, Enrique Wernicke)
Treinta millones de metros cúbicos de sedimentos desparramó el río San Francisco sobre el río Marapa con la lluvia extraordinaria del 29 de marzo pasado. Tres días después, al saturarse el dique de Escaba con otra tormenta fuerte, bajó un caudal enorme por el Marapa, que ya estaba descalzado: había un tapón de sedimentos de 500 metros que lo hizo desviarse a cualquier parte y terminó inundando la población de La Madrid, situada a unos 60 km al Este de Escaba. Esa masa brutal de sedimento dejó otro tapón al sureste de La Madrid, donde empieza el dique Frontal. Por eso la población de Sol de Mayo está inundada desde entonces.
Pros y contras
Los datos forman parte de los estudios que lleva a cabo la Comisión de Emergencia Hídrica de la Legislatura, que se propone tener una propuesta de trabajo para el 15 de marzo, es decir dos semanas antes de que se cumpla el año de la catástrofe. ¿Está mal que demoren tanto? Depende. Es una comisión surgida de la emergencia de abril, cuando se reunieron todos los responsables tanto de la Provincia como de la Nación e hicieron, en mayo, un diagnóstico que ayudó a entender lo que había pasado. Hablaron de las décadas de abandono, de la falta de control de cultivos, del desmonte, de la falta de mantenimiento de los cursos de agua, de las obras insuficientes, de la falta de estudios y planes. Ahora la comisión legislativa sigue esa dinámica, tratando de mantener unidos a los distintos responsables. Es un resultado positivo, porque cada uno aporta algo frente al problema. Pero hay una contra: al ser legislativa, esta comisión no tiene ningún poder para actuar. Y no tiene por qué tenerlo. Pero queda la duda de que sus conclusiones vayan a ser escuchadas por el Gobierno. En el encuentro de hace tres semanas, el ingeniero Eduardo Martel, que es el encargado de articular a tantas voces disímiles, planteó la inquietud de que se vuelva a fracasar como hace 25 años, cuando se hizo un enorme trabajo multidisciplinario que dejó un plan hídrico y un programa que abarcaba riego, energía, reforestación y ordenamiento territorial, entre otras cuestiones. No se trata sólo de hacer leyes, sino de hacerlas cumplir, dijo Martel. El ex vicegobernador Julio Díaz Lozano, que motorizó aquella iniciativa en 1993, explica qué pasó: “además de proponer, hay que tener poder. Los gobernadores no le dieron importancia”. Díaz Lozano dice que Ramón Ortega ya no tuvo tiempo de aplicarlo -y además había un cortocircuito entre ambos al final del mandato- y que los otros gobernadores ignoraron el proyecto. “Cada vez que se producían incidentes con el agua yo me arrimaba a las autoridades de turno y les ofrecía ese plan”, dice. ¿Puede pasar lo mismo ahora? El ex vicegobernador dice que “el Poder Ejecutivo maneja el 95% del presupuesto en la Provincia. Es el responsable”.
Campo de peleas
Es decir que las desinteligencias políticas que se han visto en los meses preelectorales entre la Provincia y la Nación con respecto a las inundaciones y a las obras para enfrentar las lluvias que se vienen han sido una marca en Tucumán. Se vieron en los debates entre el coordinador del Plan Belgrano, José Ricardo Ascárate, y funcionarios como Sisto Terán de la Unidad Ejecutora Provincial. Ascárate dijo hace un mes que en el sur están igual que en mayo pasado y que se van a volver a inundar. Terán ha elaborado hace dos meses una propuesta de emergencia -expropiar unas 4.000 hectáreas al suroeste de La Madrid y hacer bañados, y hacer un relevamiento topográfico con un sistema láser- y dice que espera ayuda para convencer al gobernador Juan Manzur. Pero el mandatario -agrega- aún no lo pudo recibir, por los acontecimientos de la coyuntura política actual. También esas desinteligencias se vieron en la reunión en la Legislatura, cuando se planteó que las diferentes áreas del Poder Ejecutivo provincial -pese a que trabajan con la Unidad Ejecutora y asisten a la comisión legislativa- no comparten lo que hacen y hasta llegan a cruzarse en similares tareas. Lo planteó como inquietud Pablo García, titular del Sinagyr, ente que se ocupa de poblaciones en riesgo. No obstante, García también dice que la falta de comunicación es general: está investigando si hay ya fondos del Banco Interamericano de Desarrollo acordados con el Gobierno anterior para la compra de maquinarias viales. Una conclusión de todo esto, por ahora, es que en la pelea Nación-Provincia, la primera desconfía de la segunda y que esta, por su dispersión, no es confiable ni siquiera para sí misma.
La historia de obras de infraestructura en los 25 años que han pasado desde el plan de 1993 es triste. Inundaciones recurrentes, una decena de puentes caídos, obras como las del plan “Más Cerca” sospechadas de corrupción, otras obras necesarias hechas de manera poco lógica, como la nueva ruta 38 pagada por la Nación a lo largo de 10 años, que iba a ser una autopista y al final terminó siendo sólo una carretera. Es cierto que con créditos internacionales se están haciendo en Yerba Buena el canal San Luis y el canal del Boulevard 9 de Julio. Pero tanto el ingeniero Franklin Adler como el fallecido José Domián advirtieron hace dos años que la obra del Boulevard va a tener impacto terrible sobre el canal maestro de desagüe Sur. No hay una autoridad única del agua, como sugiere Adler. Hay multiplicidad de organismos dependientes de diferentes ministerios y, lo que es peor, no hay presupuesto específico para obras ni para compra y mantenimiento de maquinarias, como señaló el ingeniero Martel. Consecuentemente, encarar obras de infraestructura siempre va a depender de la buena voluntad política o económica de la Nación. Por eso cuando se planteó que para arreglar el desastre de las inundaciones hacía falta que la Nación envíe $ 800 millones, se reflejaba no un problema de financiamiento de la Provincia, sino que esta no contempla esas tareas en el funcionamiento del Estado. Espera siempre ayuda nacional.
¿Podrían cambiar las cosas? Adler dice que estudiar los mecanismos de financiación de las obras clave es fundamental y que la Provincia debería tener los proyectos elaborados. Es importante trabajar, en lo inmediato, en volver al río San Francisco, a sus bañados. Aunque Adler dice que no está de acuerdo con la propuesta de Terán de expropiar terrenos a los productores de la zona: “es injusto premiarlos si ellos tuvieron parte de responsabilidad en el problema”, opina. Hay que negociar con los productores de Tucumán y de Catamarca, sabiendo que no hay antecedentes de que se hayan producido sanciones por afectar el medioambiente o las cuencas de los ríos con los cultivos, mayormente de soja. También, trabajar en los cauces de los arroyos El Sueño y La Posta, y pensar acaso en relocalizar La Madrid.
¿De dónde va a salir la plata para los trabajos de infraestructura? Si no se reformula la forma de hacer el presupuesto, que no contempla obras grandes, debería salir de la coparticipación. En la reforma tributaria actual, el Gobierno provincial está acordando con el nacional cambiar el esquema de impuestos y perder $ 700 millones pero recibir una compensación de $ 800 millones anuales durante 10 años. Es la cantidad de plata que se pide para La Madrid. ¿Podría hacerse con eso un programa a 10 años de obras contra las inundaciones en todo Tucumán? Es el 1,2% del presupuesto de %$ 67.500 millones aprobado este año. Díaz Lozano, al hablar del viejo proyecto de 1993, dice que estaba planteado por etapas para que no hubiera que gastar mucho dinero de un solo golpe. Igual no se hizo. ¿Se podrá definir prioridades? Como debatir si hacer ya el Centro Cívico (u otras obras) o si es más urgente prevenir inundaciones no sólo en La Madrid sino también en la capital, cuyos canales Sur y Norte están en pésimo estado.
Sólo inquietos
La semana pasada hubo inquietud con las primeras gotas en La Invernada, al sur de Alberdi y del río Marapa. Dice García que “hay lugares que quedaron tan bajos, que con algunas lluvias fuertes el agua pasa directamente”. Hay caminos que han quedado dos metros por abajo de su nivel y cuando llega el agua “trabajan como el cauce de un río y terminan cayendo sobre la ruta”. A esta altura del año, a algunos lugares no llevan máquinas “porque saben que corren riesgo de perderlas”. Eso por un lado. Por otro, en Campo Bello, Graneros, los vecinos cuentan que la Dirección Provincial del Agua dejó abandonada una topadora en julio. Forma parte de las desinteligencias. Adler sostiene que, vista la situación de una comisión legislativa que empuja a los responsables pero que no tiene poder y un Ejecutivo que sólo espera ayuda nacional y no se entiende con la Nación, vendría bien una comisión bipartita legislativa-ejecutiva. “Quizás así funcione”. Mientras tanto, las lluvias inquietan pero no asustan a los responsables, que esperan el eje de las tormentas para febrero-marzo. Y dada la forma en que se construyó esta historia de las inundaciones, siempre tendrán otro a quien echarle culpas en medio de tanta dispersión.